El Govern de les Illes Balears ha presentado nuevas medidas para prevenir, detectar y erradicar la oferta turística ilegal. La principal novedad es la incorporación de multas coercitivas diarias de entre 500 y 5.000 euros dirigidas a los propietarios que sigan comercializando alojamientos turísticos ilegales después de haber sido requeridos por los servicios de inspección.
La medida afecta directamente a quienes anuncien o exploten alojamientos turísticos sin cumplir la normativa aplicable. Si el incumplimiento se reitera, los expedientes podrán trasladarse directamente a la Fiscalía por un posible delito de desobediencia. La información oficial no establece un periodo específico de adaptación: la multa se vincula a la continuidad de la actividad tras el requerimiento inspector.
El paquete también refuerza la protección de los alojamientos turísticos reglados frente a ocupaciones ilegales y fraudes relacionados con usos residenciales encubiertos. La modificación de la legislación turística permite que estos establecimientos soliciten el auxilio inmediato de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para proceder al desalojo cuando se desvirtúe la actividad turística autorizada.
Además, las policías locales de Ibiza aplicarán un nuevo protocolo operativo junto con el Consell Insular y los servicios autonómicos. Las intervenciones motivadas por molestias vecinales u otras incidencias podrán dar lugar a expedientes de inspección turística, aumentando la coordinación policial y administrativa contra las viviendas y alojamientos comercializados ilegalmente.