El Govern de les Illes Balears ha ratificado su postura ante la Comisión Europea: la prohibición de nuevas plazas de alojamiento turístico en viviendas plurifamiliares no se retirará. Así lo ha declarado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en los pasillos del Parlament, donde ha subrayado que la medida es «correcta» porque responde a la falta de vivienda en el archipiélago y a la necesidad de evitar la convivencia de turistas y residentes en un mismo edificio. La Comisión Europea había desestimado los argumentos del Govern y propugnaba establecer una zonificación en lugar de una prohibición de alcance general.

La medida tiene su origen en el Decreto-ley 4/2025, de 11 de abril, aprobado por el Consell de Govern y publicado en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB), que entró en vigor el 16 de abril de 2025. El texto establece la prohibición total de crear nuevas plazas turísticas en edificios plurifamiliares en todas las islas —Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera—, con la única excepción de las viviendas adosadas y aparejadas. Las licencias ya existentes en régimen de propiedad horizontal podrán renovarse por periodos de cinco años, siempre que la zona siga siendo apta según el ayuntamiento correspondiente y se cuente con el permiso de la comunidad de propietarios.

El decreto introduce además un sistema de intercambio de plazas 1×1: solo se pueden activar nuevas plazas si previamente se ha dado de baja el mismo número, sin que en ningún caso se produzca un crecimiento neto de la oferta. Se crea una bolsa transitoria vacía que recogerá las plazas dadas de baja, a la espera de que los consells insulars fijen el techo insular y la capacidad de carga turística de cada isla para levantar la moratoria vigente.

En materia sancionadora, la norma endurece significativamente el régimen de infracciones para combatir la oferta ilegal: las sanciones leves alcanzan hasta 5.000 €, las graves hasta 50.000 € y las muy graves hasta 500.000 €. Las plataformas de comercialización de alojamientos turísticos pasan a ser corresponsables de las infracciones detectadas. Asimismo, se autoriza la colaboración entre las administraciones turísticas y las fuerzas de seguridad —Policía Local, Nacional y Guardia Civil— para participar en las tareas de inspección.

  • A quién afecta: propietarios de pisos en edificios plurifamiliares de cualquier isla balear que pretendan iniciar una nueva actividad de alquiler turístico.
  • Qué cambia: queda prohibida la presentación de nuevas declaraciones responsables de inicio de actividad turística en viviendas en régimen de propiedad horizontal (salvo adosados y aparejados).
  • Licencias existentes: se mantienen y pueden renovarse cada cinco años si se siguen cumpliendo todos los requisitos normativos.
  • Sanciones: hasta 500.000 € para infracciones muy graves; las plataformas digitales son corresponsables.