La Ley 4/2026, de 11 de junio, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Illes Balears y de otras medidas de simplificación y racionalización administrativas, publicada en el BOIB núm. 74 el 13 de junio de 2026, introduce importantes novedades para el sector de la vivienda turística. Una de las medidas más destacadas es la posibilidad de reducir significativamente las sanciones económicas impuestas por la comercialización turística ilegal de viviendas.
Esta iniciativa está diseñada para incentivar a los propietarios de viviendas con alquiler turístico ilegal a incorporarse al mercado de vivienda residencial. Para beneficiarse de la reducción de hasta el 60% de la multa, los propietarios deben cumplir dos condiciones clave: primero, reconocer su responsabilidad durante el expediente sancionador; y segundo, poner el inmueble a disposición de programas públicos destinados a movilizar vivienda vacía, como el programa 'Lloguer Segur' gestionado por el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).
La medida implica que, a cambio de la reducción de la sanción, los propietarios deberán ceder sus viviendas al Ibavi por un período mínimo de siete años. Durante este tiempo, podrán percibir una renta limitada, aunque sin acceder a la bonificación del 30% que el Ejecutivo autonómico aporta en otros casos del programa 'Lloguer Segur'. Esta diferencia no se aplicará a las viviendas que provengan del alquiler turístico ilegal.
La finalidad de esta modificación es clara: aumentar la oferta de vivienda asequible para los residentes en las islas, aliviando la presión sobre el acceso a la vivienda que se ha generado por la proliferación de alquileres turísticos. La nueva regulación ya está en vigor tras su publicación oficial y busca incorporar al mercado residencial viviendas que actualmente están vinculadas al uso turístico.
Esta estrategia no solo busca corregir la situación de ilegalidad, sino también ampliar las vías de acceso a un programa que, hasta ahora, había tenido un impacto inferior al previsto inicialmente en la movilización de viviendas. Se espera que esta medida contribuya a un reequilibrio del mercado de alquiler en las Illes Balears.