El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el 9 de julio de 2026 una resolución clave que impacta directamente en el sector de las viviendas de uso turístico (VUT) en España. Se trata de la Resolución de 20 de marzo de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que desestima un recurso interpuesto contra la negativa a asignar un número de registro único de alquiler de corta duración turístico a fincas que constaban como Viviendas de Protección Oficial (VPO) en el Registro de la Propiedad.
Esta resolución establece con claridad que las viviendas sometidas a régimen de protección pública no pueden destinarse a uso turístico, ya sea en su totalidad o por habitaciones. La decisión se fundamenta en la aplicación directa de normativas autonómicas, como el artículo 1.3.a) del Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos de Andalucía, que prohíbe explícitamente este uso para las VPO.
La doctrina fijada por esta resolución tiene un alcance general en todo el territorio español. Esto significa que, con independencia de la comunidad autónoma, un registrador de la Propiedad actuará correctamente al suspender la asignación de un número de registro para alquiler turístico si la vivienda figura con una cédula de calificación de VPO. Esta medida se aplica incluso si el titular ya dispone de autorización autonómica o lleva años ejerciendo la actividad.
Para los propietarios de VPO que deseen destinar su inmueble a uso turístico, la única vía legal será descalificar previamente la vivienda protegida. Este proceso debe realizarse conforme a la normativa autonómica correspondiente, lo que implica una serie de trámites y el cumplimiento de requisitos específicos para que la vivienda pierda su condición de protección pública y pueda ser objeto de comercialización turística.
Esta medida subraya el compromiso de las autoridades por preservar el parque de viviendas de protección oficial para su fin social, evitando su desvío hacia el mercado turístico y contribuyendo a la regulación y ordenación del sector de las viviendas de uso turístico en un contexto de creciente presión habitacional.